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Wednesday 18, February 2015
Asamblea sienta precedente por violencia simbólica

El gerente de Comunicaciones de la Asamblea Legislativa se convirtió en la primera persona en recibir una sanción por la violencia simbólica

 
El gerente de Comunicaciones de la Asamblea Legislativa se convirtió en la primera persona en recibir una sanción por la violencia simbólica, definida por la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra la Mujeres (LEIV), como "mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad".
 
La diputada del departamento de San Miguel por el partido de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Sandra Salgado, solicitó ante la junta directiva de la Asamblea Legislativa la inmediata destitución del empleado, Gerardo Hurtado, quien compartió en su cuenta de Twitter una imagen con un mensaje con calificativos despectivos misóginos en contra de su persona, su familia, entre ellos, su excuñada y legisladora suplente, Gloria Gómez, con lo que denigró la imagen de la mujer. 
 
La junta inició el proceso de destitución contra el comunicador, donde diputados de diversas fracciones coincidieron en contar con los votos necesarios para removerlo de su cargo, situación que fue confirmada por Ernesto Angulo, del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Guillermo Mata, del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la propia diputada Salgado. Previo a esta reunión, el presidente del órgano legislativo, Sigfrido Reyes, declaró ante la prensa que “es un hecho muy desafortunado. De una forma u otra se atenta contra la dignidad de una mujer, sea o no sea diputada. Es algo que merece nuestra condena, lo lamentamos mucho, entiendo también que el gerente se ha disculpado públicamente y ha reconocido que fue un error que él cometió".
 
Tanto la legislación nacional como los procedimientos internos de las diferentes carteras de Estado salvadoreño, regulan este tipo de situación, como queda reflejado en el artículo 34 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, que busca "promover y fortalecer una cultura de paz social, especialmente a través de la evaluación y control del material cinematográfico, emisiones televisivas y radiales, así como prevenir y orientar sobre sobre la inconveniencia de espectáculos públicos que propicien una pérdida de valores o promuevan un clima de violencia; especialmente, sobre el rol de las mujeres en las diferentes etapas de la vida", así como el artículo 8 de la LEIV en tanto establece como publicidad sexista "cualquier forma de publicidad que trasmita valores, roles, estereotipos, actitudes, conductas femeninas y masculinas, lenguaje verbal y no verbal que fomenten la discriminación subordinación, violencia y la misoginia". 
 
Pese a eso, hasta la fecha, la oficina de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, dependencia del Ministerio de Gobernación (MIGOB) no ha realizado ningún pronunciamiento público en torno a la violencia iconográfica ejercida contra la mujer durante el período electoral. Sumado a eso, la utilización y publicación de estos mensajes genera una huella digital que, una vez colocado en medios y soportes digitales, no puede ser borrado o suprimido de estas plataformas.  
 
Sobre esta línea, Bourdieu describe este fenómeno "como una violencia amortiguada, sensible, invisible, para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólico de la comunicación y del conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término término del sentimiento". 
 
Este caso sin precedentes en torno a la violencia iconográfica abre el camino al cambio y a la deconstrucción de valores y actitudes encaminadas a promover la violencia contra la mujer en todos sus ámbitos.  Días antes, la presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Vanda Pignato, hizo un llamado sucesos de discriminación y violencia contra la mujer en el escenario electoral y político, con lo cual instó a la población salvadoreña denunciar ante las instancias respectivas, como forma de expresión del ejercicio ciudadano para la exigencia de la normativa a favor de las mujeres; sobre todo, ante casos, donde persista:
 
1. Desacreditar haciendo uso de la vida privada y pública de las mujeres.
2. El uso de lenguajes sexista en los discursos, comunicados, slogan de campaña, plataformas y otros.
3. Hacer chistes y burlas que descalifican a las mujeres en el ámbito político.
4. La utilización de expresiones no verbales que discriminan a las mujeres.
5. Utilización de lenguaje irrespetuoso y soez para referirse a la condición de la mujer, lo que representa violencia simbólica.

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