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Historia de Vida
Monday 9, January 2017
Red de Prostitución a menores El Salvador

Observatorio Latinoaméricano sobre trata y tráfico de personas- Capítulo El Salvador. Posicionamiento sobre caso de red de trata de personas

Las organizaciones y profesionales que integramos El Observatorio Latinoamericano Sobre Trata y Tráfico de Personas - Observa La Trata, Capítulo El Salvador -, con respecto a las capturas realizadas el tres de enero de los corrientes por la PNC entre las que destaca la captura de un reconocido comunicador y un empresario salvadoreño, bajo la acusación de cometimiento del delito de “Remuneración por Actos Sexuales o Eróticos”, contemplado en el Art. 169-A del Código Penal. Expresamos:

  1. De acuerdo al Art. 169-A del Código Penal: “El que pague o prometa pagar con dinero u otra ventaja de cualquier naturaleza a una persona menor de dieciocho años o una tercera persona para que la persona menor de edad ejecute actos sexuales o eróticos, será sancionado con una pena de tres a ocho años de prisión”.
  2. De igual forma, apelamos a los derechos regulados en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, derecho a ser protegidos frente a la trata de personas el (artículo 41), derecho a ser protegidos contra el abuso y explotación sexual (artículo 55), derecho a ser protegidos de toda forma de explotación económica, entre estas, las que, conforme al Derecho Internacional, se consideran como las peores formas de trabajo infantil y la venta y el tráfico de niñas, niños y adolescentes (artículo 56).
  3. Respaldamos la iniciativa de la Fiscalía General de la República en coordinación con la Policía Nacional Civil de llevar a juicio a las personas capturadas, pues constituye un avance significativo para el acceso a justicia de las víctimas, y un hito importante en la persecución penal de las personas explotadoras mal llamadas “clientes”, que constituyen la demanda en la explotación sexual comercial y en la trata de personas con tal finalidad, delitos penalizados en nuestra legislación desde el año 2004.
  4. Recordemos que este proceso de investigación inició en el año 2014, en ese entonces se centraron solamente en los tratantes, omitiendo a los explotadores; logrando que en octubre del año 2015 se emitiera condena contra 8 de las 11 personas acusadas.
  5. Reconocemos que uno de los principales retos del sistema de justicia salvadoreña es desarrollar y sostener una investigación profunda, diligente e imparcial, para poder emitir resoluciones judiciales objetivas, imparciales, desligadas de cualquier tipo de subjetividades y sesgos; brindando una protección inmediata, efectiva y eficaz a las víctimas de hechos de violencia sexual, incluyendo las medidas de reparación adecuadas que contribuyan a la restitución de los derechos vulnerados y a la garantía de no repetición de los mismos.

 

Por tanto, exigimos:

  1. No obviar que el cometimiento de este delito no excluye la posibilidad de atribuir nuevos hechos delictivos a los procesados, de acuerdo a las investigaciones que se están realizando, para lo cual demandamos se amplíe el período de investigación de forma que se puedan fundamentar el delito de trata de personas, entre otros.

En este sentido, instamos a la Fiscalía General de la República a presentar una acusación tomando en cuenta los varios delitos en concurso realizados por los imputados. Consideramos que el principal delito que se les debería atribuir es el de Trata de Personas, regulado en el Código Penal, artículos 367-B y 367-C vigentes hasta antes de Enero de 2015.

Si los hechos hubiesen sido cometidos cuando ya estaba vigente la Ley Especial contra la Trata de Personas, consideramos que ese es el principal delito por el que deben ser acusados, en tanto que las acciones imputadas concuerdan con lo establecido en los artículos 54 y 55 de la Ley Especial Contra la Trata de Personas.

Es alrededor de este grave delito que debe analizarse qué otros ilícitos penales entran en concurso, tales como: estupro, violación, corrupción de menores e incapaces, inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales o eróticos, oferta y demanda de prostitución ajena, utilización de personas menores de dieciocho años e incapaces o deficientes mentales en pornografía, entre otros.

Asimismo, recordamos que Ley Especial contra la Trata de Personas contempla el delito especial de Remuneración en el delito de trata de personas (art. 56) y establece que el consentimiento dado por la víctima, independientemente de su edad, no podrá ser valorado en ningún caso ni instancia, sea esta administrativa o judicial, como causa excluyente o atenuante de la responsabilidad penal (art. 57).

 

  1. Exigimos transparencia e imparcialidad de parte de las Autoridades Judiciales, en particular del Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, asignado para la Audiencia Inicial de este caso, teniendo presente que su principal función es impartir justicia de manera pronta, oportuna, objetiva e imparcial, por lo que Demandamos se Decrete Instrucción Formal con Detención Provisional, y no se decreten Medidas Sustitutivas.
  2. Que se profundice la investigación iniciada con base a derecho brindando protección inmediata, efectiva y eficaz a las víctimas que valientemente han denunciado este caso y gracias a cuya denuncia se ha podido avanzar en su judicialización, incluyendo las medidas de reparación adecuadas que contribuyan además de la posibilidad de acceso a justicia oportuna a un resarcimiento de los daños causados.
  3. Al Consejo Nacional contra la Trata de Personas, entidad rectora en materia de Trata de Personas, que asuma su rol y tenga una presencia efectiva y activa en términos generales y en particular en este caso. Además que agilice la aprobación y socialización de la Política Nacional Contra la Trata de Personas en los centros educativos y mediante campaña masiva a la población en general, a fin de proteger a la niñez y la adolescencia previniendo que sigan siendo víctimas de personas inescrupulosas.
  4. Finalmente, hacemos un llamado a la sociedad civil organizada, a la población en general y a los medios de comunicación a solidarizarse con las víctimas del caso, evitando señalamientos peyorativos que solo re-victimizan y vulneran más sus derechos, mismos que el Estado Salvadoreño está obligado a cumplir y garantizar.

 

San Salvador, 6 de enero de 2017

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